VII Foro Regional Empresas y DDHH

Sesión organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Esta sesión estará disponible en español, inglés y portugués.

Preguntas orientadoras 

• ¿Qué tendencias se observan a nivel regional sobre el contenido y alcance de las cláusulas laborales en los instrumentos internacionales de comercio?
• ¿Qué participación tienen las organizaciones de trabajadores y de empleadores en su elaboración, monitoreo y seguimiento?
• ¿Qué rol tienen las agencias de promoción de la inversión extranjera en potenciar el impacto positivo de la inversión en el trabajo decente?

Estas son algunas de las preguntas que explorará esta sesión. En la sesión también se presentará la nueva herramienta de OIT, “Labour Provisions in Trade Agreements Hub”.

Antecedentes 
Un número creciente -más de la mitad en la última década, a nivel global- de tratados de comercio, asociación e inversión incluyen tanto referencias a instrumentos internacionales de derechos humanos y conducta empresarial responsable, como cláusulas laborales que tienen como objetivo la protección y el avance y cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores. En la región, en la última década ha habido un claro aumento en la cantidad de Acuerdos de tratados de libre comercio que incluyen clausulas laborales (51 Acuerdos Comerciales Regionales en 2021, de acuerdo cifras de la OIT).

Las cláusulas laborales de los tratados de comercio incluyen obligaciones relacionadas con la legislación doméstica, tales como la prohibición de relajar o reducir la protección laboral (dumping laboral), el acceso a remedio y reclamaciones judiciales, y el respeto y promoción de los estándares internacionales del trabajo, entre muchas otras. Establecen también mecanismos de monitoreo y cooperación, incluyendo procesos de participación y consulta, y mecanismos de solución de disputas a raíz de la aplicación de dichas cláusulas.

A nivel internacional, y en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba, resalta la importancia del comercio y la inversión como medios para promover el trabajo decente, y el respeto a los derechos humanos más ampliamente. A nivel nacional, las políticas públicas para atraer inversión extranjera directa y promover el comercio ofrecen un punto de entrada importante para potenciar las oportunidades y abordar los desafíos que puedan generar el comercio y las actividades de empresas multinacionales. Así mismo dialogo social, y el dialogo entre países de origen y anfitriones de la inversión, tiene un rol importante que jugar para asegurar que el comercio y la inversión tengan impactos positivos en el desarrollo sostenible y resguarden los derechos humanos.
 
Lecturas y otros recursos relevantes

• Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social
• Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos
• Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
• ILO Labour Provisions in Trade Agreements Hub
• Agenda de Acción de Addis Abeba
• Acuerdos de libre comercio y derechos laborales
• Referencias a la Declaración EMN en los acuerdos de comercio e inversión
• Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos:
• Acuerdos internacionales de inversión compatibles con los DD.HH. - 2021 (A/76/238)
• Acuerdos comerciales e inversión (AII) y los derechos humanos (sitio web)

Sesión organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Esta sesión contará con interpretación en español, inglés y portugués.

Breve descripción de la sesión
Esta sesión tendrá como eje un diálogo multi-actor sobre avances y desafíos para avanzar la debida diligencia en el sector agrícola en América Latina. Se discutirán las buenas prácticas en la implementación de la debida diligencia en el sector, con énfasis en la rendición de cuentas, pero también brechas y necesidades de fortalecimiento, centrándose en particular en los factores y riesgos medioambientales, en particular la deforestación.

Objetivos clave de la sesión
A partir de la reflexión de pasar de los compromisos a la acción, esta sesión busca promover el dialogo sectorial y multi-actor para examinar cómo la debida diligencia puede ayudar a las empresas agrícolas a abordar desafíos socio ambientales clave, tales como la deforestación. Se discutirán buenas prácticas y desafíos para adelantar acciones concretas con el objetivo de crear un entendimiento común en torno a las cadenas de suministro agrícolas responsables en América Latina y el Caribe, incluyendo las necesidades de procesos de control, monitoreo y rendición de cuentas. Para ello, se pondrán como base los principales instrumentos y herramientas internacionales pueden servir de orientación y punto de referencia, en particular, la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable para el sector agrícola.
 
Preguntas orientadoras

• ¿Qué papel pueden desempeñar los gobiernos en la promoción de cadenas de suministro agrícolas responsables?
• ¿Cómo pueden las nuevas regulaciones y exigencias sobre la debida diligencia de la Unión Europea impulsar a las empresas de América Latina a tomar medidas, incluyendo la reciente propuesta de regulación para productos libres de deforestación?
•  ¿Cómo se puede combatir eficazmente la deforestación en las cadenas de suministro agrícola de la región? ¿Cuáles son las buenas prácticas y acciones concretas?
• ¿De qué manera deberían fortalecerse los sistemas de rendición de cuentas, tanto a nivel local como transnacional, como mecanismos de control y prevención de los impactos?

 
Antecedentes a la sesión
Las empresas agroalimentarias y la agricultura se enfrentan a un doble desafío en la actualidad: Por
una parte, garantizar una suficiente producción de alimentos y, por otra parte, asegurar que dicha
producción se haga bajo criterios de sostenibilidad ambiental. La agricultura debe producir alimentos
para una población cada vez mayor, pero a la vez proteger el medio ambiente y la biodiversidad, que
son la base fundamental de las propias actividades agrícolas. En el caso de América Latina y el Caribe,
el sector agrícola ha desempeñado un papel fundamental para el desarrollo socioeconómico de la
región. En los dos últimos decenios, en los que la producción agrícola ha crecido con rapidez, la
contribución de este sector a la economía de la región casi se ha duplicado; además, se ha registrado
una notable mejora de los medios de subsistencia para una parte importante de la población rural, y
la seguridad alimentaria ha aumentado tanto en los países de América Latina como en el resto del
mundo. Sin embargo, las actividades agrícolas continúan planteando diversos riesgos en materia
ambiental y social en la región, por ejemplo, el acaparamiento de tierras y abusos de los derechos
humanos en las cadenas de suministro de productos como el aceite de palma, la soja, la carne de
vacuno, el cuero, el caucho, el cacao, la madera y la pulpa y el papel. En adición, el sector agrícola es
el segundo que más contribuye a las emisiones de GEI y la expansión agrícola es el principal factor de
deforestación, por lo que desempeña un papel crucial en la respuesta a la crisis climática y la pérdida
de biodiversidad.
Como reflejo de la tendencia imperante en todo el mundo, tanto los responsables de formular e
implementar las políticas públicas en el sector, al igual que las empresas, reconocen cada vez más la
importancia de incorporar estándares de conducta empresarial responsable en las actividades del
sector, y en particular de la debida diligencia, para abordar tales problemas y lograr cadenas de
suministro agrícolas responsables, así como implementar y/o fortalecer los procesos de rendición de
cuentas.
Muchas empresas han adoptado tecnologías y sistemas de certificación y han asumido compromisos
de sostenibilidad, por ejemplo, para reducir las emisiones en sus cadenas de suministro. Por otro lado,
los gobiernos han introducido iniciativas como moratorias, planes y acuerdos para acabar con la
deforestación. Además, en los últimos años ha surgido nueva legislación a nivel global, en particular
sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en las cadenas de
suministro mundiales, incluyendo especial foco en el sector agrícola. Por ejemplo, además del
proyecto de Directiva sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, la
Comisión Europea adoptó en noviembre de 2021 una propuesta legislativa sobre productos libres de
deforestación, que exigiría procesos de debida diligencia para comercializarlos en el mercado de la
Unión Europea.

Lecturas y otros recursos relevantes
Instrumentos e insumos prácticos sobre CER y debida diligencia 

• Los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos
• Las Líneas Directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales
• Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable

Trabajo en el sector agrícola de la OCDE y la FAO sobre debida diligencia

• Reporte regional: Conducta empresarial responsable en el sector agrícola en América Latina y el Caribe
• Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro responsables en el sector agrícola
• Manual de la OCDE-FAO sobre la deforestación, degradación forestal y diligencia debida en las cadenas de suministro agrícolas (en inglés):
• Consulta pública
• Encuesta de la consulta

Sesión organizada por Business & Human Rights Resource Centre y Protection International

Breve descripción de la sesión
Esta sesión presentará la tendencia de ataques en contra de personas defensoras en América Latina, en particular la criminalización y las SLAPP incluyendo una visión general de los sectores empresariales mayormente involucrados, los tipos de procedimientos judiciales enfrentados por las personas defensoras, los argumentos legales utilizados en su contra y el efecto amedrentador de estas tácticas sobre la participación pública y las actividades legítimas de defensa de los derechos humanos. En el marco de ello, se resaltará el importante rol que las personas defensoras de los derechos humanos tienen en la promoción de prácticas empresariales y de desarrollo sostenibles y las acciones que los Estados, las empresas y los inversionistas deben emprender para frenar este problema mediante la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La sesión también explorará los intentos más exitosos para buscar la rendición de cuentas en casos de SLAPPs, y los pasos más prometedores para que la sociedad civil se resista a los SLAPPs en América Latina y en el mundo.

Preguntas orientadoras 
¿Cuál es el contexto actual de las personas defensoras de los derechos humanos que hacen visibles las prácticas abusivas en contra de los derechos humanos y el ambiente por parte de las empresas?

• ¿Cuáles son los sectores empresariales mayormente involucrados en ataques en contra de las personas defensoras de los derechos humanos? ¿Existe alguna conexión con otras prácticas abusivas en contra de los derechos humanos?
• ¿Cuál es el impacto en los derechos humanos y en las personas defensoras de los derechos humanos por la criminalización y las SLAPP?
• ¿Qué acciones deben tomar los Estados, las empresas y los inversionistas para abordar los ataques en contra de las personas defensoras, en especial la criminalización y los SLAPP?
• Algunos activistas que fueron demandados han buscado la rendición de cuentas y han decidido proseguir su lucha y contrademandar a las empresas: ¿Cuáles son los intentos más exitosos para buscar la rendición de cuentas en casos de SLAPPs, y los pasos más prometedores para que la sociedad civil se resista a los SLAPPs en América Latina y en el mundo?

Antecedentes
Las personas defensoras de los derechos humanos están en la vanguardia de la protección de nuestros derechos humanos y del planeta. Desempeñan un papel fundamental denunciando y visibilizando prácticas empresariales abusivas e irresponsables. Las personas defensoras de los derechos humanos no son contrarias al desarrollo, persiguen y promueven enfoques diferentes centrados en los derechos de la naturaleza y de los seres humanos. No obstante, enfrentan una serie de ataques por su actividad de denuncia y promoción de derechos en situaciones donde hay intereses de empresas. En 2021, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) hizo un seguimiento de al menos 615 ataques contra personas defensoras, la mayoría de los cuales fueron casos de acoso judicial. En un informe reciente, el CIEDH identificó de 2015 a 2021, 149 casos en América Latina que llevan el sello característico de Acciones Judiciales abusivas contra la Participación Pública (SLAPP por sus siglas en inglés), esto es acciones judiciales presentadas o iniciadas directamente por actores empresariales. La mayoría de los casos se presentaron en tres sectores: minería (62), agricultura y ganadería (26) y aceite de palma (15).
A la luz de estos ataques legales, algunos activistas que buscan la rendición de cuentas han decidido proseguir su lucha y contrademandar a las empresas. Por ejemplo, Andy Hall presentó una contra-demanda contra Natural Fruit y la ONG Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), que trabaja para promover la participación de las comunidades y el respeto por los derechos colectivos de pueblos indígenas en Guatemala, ha sido también demandada por empresas por difamación, decidió empezar un litigio contra dichas empresas.

Lecturas y otros recursos relevantes

• Base de datos sobre personas defensoras del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
• Informe: Personas defensoras de derechos humanos en contextos empresariales en 2021: Proteger los derechos de las personas que impulsan una transición justa.
• Informe: Las empresas y la criminalización de personas defensoras: Acciones judiciales en contra de la participación pública en América Latina
• Informe: Demandados [SLAPPed] pero no silenciados: Defendiendo los derechos humanos enfrentando riesgos legales
• Monitor de Minerales de Transición: Análisis global de los derechos humanos en la transición energética

Sesion organizada por la Organizacion Internacional de Empleadores (OIE)

Interpretacion en ingles, espanol y portugues  

Breve descripcion
Con la acción colectiva como base, esta sesión paralela de 70 minutos facilitará el aprendizaje entre homólogos y el intercambio sobre mejores prácticas en materia de empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe. Los participantes identificarán métodos y prácticas comunes destinados a mejorar e implementar la agenda en materia de empresas y derechos humanos. Se prestará especial atención a las siguientes cuestiones:
• Mejores prácticas y lecciones aprendidas de las iniciativas de múltiples partes interesadas destinadas a fomentar los derechos humanos a través de la acción colectiva en la región.
• Concienciar y capacitar al sector privado y a la sociedad civil sobre los instrumentos clave en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, así como facilitar el intercambio de aprendizaje entre homólogos.
• Cómo aprovechar el potencial de las organizaciones de empleadores, las empresas y la sociedad civil en general para aplicar la agenda en materia de conducta empresarial responsable.
• Cómo fortalecer la acción colectiva y aumentar y generar confianza entre las partes interesadas en la región.

Sesión organizada por Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Foro Indígena de Abya Yala, y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Esta sesión estará disponible en español, inglés y portugués.

Breve descripción de la sesión
El escenario de tránsito a un contexto post pandemia, relevan una serie de elementos en clave de identificar aprendizajes que ayuden a pensarnos como una sociedad que valore su diversidad e incorpore los conocimientos locales de los pueblos indígenas y originarios en esa expectativa. En ese sentido, la pandemia ha planteado nuevos debates sobre el rol de las inversiones en territorios indígenas y del sector empresarial en general. Una de las medidas principales durante los años más duros del COVID-19 fue la implementación de políticas de reactivación económica, caracterizada por actividades extractivas y de infraestructura.
La virtualidad y sus limitaciones fue uno de los temas más álgidos. Este, mostró las brechas de comunicación y la necesidad de pensar el acceso a la información sobre las inversiones, de diferentes formas. Otro tema fue que, en el marco de la reactivación, las poblaciones que viven cerca a actividades empresariales (sobre todo extractivas y de infraestructura), necesitaban ser parte de las decisiones que implicaron estas políticas. Desde esta experiencia, repensar y fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, y la consulta previa, libre e informada, es fundamental.
La sesión se enfocará en conocer esta situación sus desafíos y oportunidades en el nuevo escenario. Y, sobre todo, conocer las propuestas que vienen construyendo las organizaciones indígenas y las instituciones financieras y sector empresarial, vinculadas a mecanismos de rendición de cuentas, y a la inclusión de la consulta y le consentimiento previo, libre e informado en sus políticas. Esto, pensando en los nuevos desafíos, en potenciar los aprendizajes, para la sostenibilidad de las iniciativas y en que los beneficios de las actividades empresariales realmente lleguen a los territorios locales e indígenas.
Lo anterior, con el propósito de visibilizar rutas, no solo para explorar, sino para acercarnos desde la práctica y aprendizajes, a un futuro diferente para todos y todas.

Preguntas orientadoras:

• ¿Qué iniciativas están construyendo los pueblos indígenas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas empresarial?
• ¿Cuáles son los principales problemas y limitaciones en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas desde el sector empresarial?
• ¿Cómo se viene implementando el consentimiento previo, libre e informado, en las políticas y prácticas empresariales?
• ¿Cuál es la situación de la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas en el contexto de prácticas empresariales de transparencia?
• ¿De qué manera contribuye la transparencia desde las empresas a construir el consentimiento previo desde los pueblos indígenas?
• ¿Qué iniciativas están trabajando los pueblos indígenas para fortalecer el CPLI en contextos de iniciativas empresariales, y qué vienen haciendo las empresas para incorporar el CPLI en sus políticas?
• ¿Contribuye el CPLI para la sostenibilidad e idoneidad de las inversiones?

Sesión organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

Esta sesión contará con interpretación en español, inglés y portugués.

Breve descripción de la sesión
Esta sesión ofrecerá una vista general de los principales desarrollos y actualizaciones en materia regulatoria con respecto a la debida diligencia, sirviendo como ocasión para que diferentes expertos(as) compartan experiencias y planteen un diálogo sobre los principales desafíos y oportunidades relacionadas con el impacto para la región de América Latina y el Caribe de las tendencias de regulación.

Objetivos clave de la sesión
Si bien la regulación existente, principalmente en Europa, varía en cuanto al alcance de la cobertura, los temas cubiertos, las expectativas y los mecanismos de aplicación, esta sesión busca plantear las principales implicaciones y desafíos que conllevan tanto las regulaciones existentes como futuras para las empresas que operan en o desde la región de América Latina y el Caribe. Lo anterior incluye considerar las ventajas o desventajas competitivas de la regulación en debida diligencia y el diseño apropiado de los mecanismos y herramientas políticas de apoyo por parte de los gobiernos y el sector privado para garantizar la implementación efectiva de las expectativas de debida diligencia.

Preguntas orientadoras

• ¿Cómo afectarían los regímenes regulatorios de debida diligencia impulsados por Europa a las empresas y personas en ALC? ¿Cuáles son sus perspectivas e intereses en dichos regímenes y las medidas de apoyo para promover las iniciativas nacionales de adaptación y cumplimiento?
• ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de las empresas latinoamericanas para adaptarse a enfoques regulatorios de debida diligencia?
• ¿Están las regiones mayoritariamente productoras (como América Latina) siguiendo las tendencias hacia la regulación de la debida diligencia? ¿Existen iniciativas locales o regionales para avanzar en esa dirección?
• ¿Cómo debe diseñarse la regulación para evitar los enfoques de “marcar casillas” (check-list) y fomentar una debida diligencia significativa (p. ej., que se base en el riesgo, sea continua e incorpore compromiso con las partes interesadas)?

Antecedentes
La debida diligencia constituye un requisito fundamental para que las empresas cumplan con su responsabilidad de prevenir y hacer frente a los impactos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos, la sociedad y el planeta, siendo un elemento central en los Principios Rectores de la ONU, las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, y su guía de debida diligencia, así como la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT. En la actualidad, varios países socios clave para América Latina en términos de inversión y comercio (incluyendo Francia, los Países Bajos, Alemania, Finlandia, el Reino Unido, Noruega, Suecia y Suiza) han introducido o están introduciendo regulaciones que exigen a las empresas implementar la debida diligencia en materia social y ambiental (ver Anexo). Al mismo tiempo, cada vez más las empresas e inversionistas, junto con las organizaciones de la sociedad civil, demandan una legislación eficaz sobre la debida diligencia. Uno de los hitos en este camino, se encuentra en la reciente presentación por parte de la Comisión Europea de una propuesta de Directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad.
Bajo este contexto, las empresas, los gobiernos y los consumidores de América Latina y el Caribe (ALC) también han comenzado a expresar sus expectativas y necesidades frente a la creciente exigencia de criterios de sostenibilidad e inclusión de la debida diligencia en las cadenas de suministro, especialmente por socios comerciales en la Unión Europea. Para las empresas de ALC o que operan en la región, persisten muchos retos para llevar a la práctica la debida diligencia, tanto sobre el conocimiento mismo de los estándares, como para su puesta en práctica. Tal como lo reveló una encuesta reciente de la OCDE a Empresas sobre la CER para la región, Solo el 40 % de los encuestados adopta un proceso de debida diligencia cuando se identifican los riesgos y el 21 % tiene en cuenta a los proveedores y socios comerciales más allá del nivel 1 de la cadena de suministro. En ese sentido, más del 60% de las empresas señaló la necesidad de mayor apoyo y formación para aplicar la debida diligencia basada en el riesgo.
Pese a la existencia de estos retos, la región de ALC es también cada vez más consiente de las oportunidades que generan las prácticas empresariales sostenibles y responsables, entendiéndolas como una condición previa para la creación de valor a largo plazo. También existe un acuerdo cada vez mayor, incluso entre los líderes empresariales, de la necesidad de prepararse para poder implementar estas regulaciones, promover la competitividad, y crear un campo de juego equitativo que incentive los negocios y la inversión sostenibles.

Lecturas y otros recursos relevantes
Generales

• OACNUDH, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 2011 (disponible aquí).
• OCDE, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 2011 (disponible aquí)
• OIT, Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (disponible aquí).
• Proyecto CERALC, Empresas responsables: mensajes clave de los instrumentos internacionales (disponible aquí)

Sobre Debida Diligencia
OCDE, Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable 2018. (Disponible aquí).

• OACNUDH, Recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos sobre debida diligencia obligatoria (Disponible aquí).
• OACNUDH, Informe del Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos sobre debida diligencia en  materia de derechos humanos, 2018 (Disponible aquí).
• OCDE, Resultados de la Encuesta de la OCDE a Empresas sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe 2021 (Disponible aquí).

Sobre la propuesta de regulación en debida diligencia de la Comisión Europea
Comisión Europea, Propuesta de Directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. (Disponible aquí).
Carta conjunta de OACNUD, OCDE y OIT a la Comisión Europea dando la bienvenida al compromiso de promover la protección de los derechos humanos y el medio ambiente a través de la debida diligencia (Disponible aquí)

Sesión organizada por Article 19 Oficina México y Centro América

Esta sesión estará disponible en inglés, español y portugués 

Breve descripción de la sesión
Hoy hay un consenso en que las empresas tienen el deber de generar mecanismos para el respeto de los DDHH, así como empujar en cambios claves en la materia. Si bien esto es así, ¿cómo pueden o deben hacerlo? ¿de qué manera puede promoverse la coordinación y canales internos’? ¿qué tipo de iniciativas pueden desarrollarse desde el Estado y la sociedad civil para impulsar o acompañar las iniciativas? ¿pueden estas iniciativas vincularse con los esfuerzos por desarrollar integridad al interior de las empresas?
Este panel busca presentar diferentes herramientas para el respeto de los derechos humanos en el sector empresarial y mecanismos de reclamaciones y alerta frente a eventuales abusos y violaciones de derechos humanos. De este modo, se buscará recorrer un arco que va desde la protección de alertadores hacia enfoques preventivos y de acción colectiva multiactor.
En el panel se explorará la vinculación entre derechos humanos y corrupción, así como sobre la armonización que ha comenzado a surgir entre los procesos de debida diligencia y procesos de cumplimiento o anticorrupción. Relacionado con esto, se discutirá sobre la figura de la persona alertadora y los sistemas de protección que garanticen la prevención de represalias o afectaciones a sus derechos como consecuencia de alertar y brindar información sobre riesgos o impactos a los DDHH. Existen experiencias que han articulado diversos canales de denuncia o alerta que ofrecen a quienes tienen conocimiento sobre abusos una forma segura y efectiva de darlos a conocer, mientras que al mismo tiempo estas personas pueden contar con sistemas de protección que garanticen la prevención de represalias o afectaciones a sus derechos como consecuencia de alertar y brindar información de interés público, proporcionando medidas de reparación cuando sea necesario.
Para dar pie a la discusión, el panel comenzará explorando las definiciones de los conceptos que se utilizarán, tales como personas alertadoras, personas denunciantes, mecanismos de reclamación y protección de represalias. También se presentará un menú de políticas relacionadas a estas temáticas. Luego, en el encuentro se presentará también la experiencia del diseño del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas, una iniciativa desarrollada por la Oficina Anticorrupción de Argentina para que las empresas y entidades puedan visibilizar su compromiso con los negocios éticos, incorporando una mirada de DDHH.. La reflexión se nutrirá de las conclusiones y recomendaciones del Proyecto de Rendición de Cuentas y Acceso a Reparación de la Oficina del Alto Comisionado (ARP por sus siglas en inglés), que ha profundizado el estudio sobre los mecanismos de acceso a reparación desde el año 2014. Tomando en cuenta que las represalias pueden socavar gravemente la eficacia de todos los tipos de mecanismos de reparación y que suponen un obstáculo, el Proyecto ARP ha priorizado el estudio de las represalias en cada una de las fases del Proyecto

Preguntas orientadoras 

• ¿De qué forma se vinculan los procesos para combatir la corrupción dentro de las empresas con los mecanismos para evitar impactos en los derechos humanos?
• ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan las personas alertadores dentro del sector empresarial?
• ¿Cómo persona defensora de DDHH, qué hace falta desde el sector público y privado para garantizar mayor protección?
• ¿Cómo fue la experiencia del diseño del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas, de la Oficina Anticorrupción de Argentina? ¿Por qué se tomó la decisión de elaborar este Registro?
• ¿De qué manera integra el enfoque de derechos humanos un registro sobre temas de corrupción?
• ¿Existen ejemplos de empresas que han armonizado mecanismos anticorrupción con mecanismos de debida diligencia en derechos humanos? ¿De qué forma lo han hecho y qué desafíos enfrentan?
• ¿Qué debieran considerar los mecanismos para poder articular de forma efectiva la prevención de la corrupción y los riesgos a los derechos humanos?
• ¿Qué recomendaciones han emanado del Proyecto ARP para evitar las represalias?

Lecturas y otros recursos relevantes

• Balance del nuevo programa de denunciantes del gobierno mexicano - Accountability Research Center: https://accountabilityresearch.org/balance-del-nuevo-programa-de-denunciantes-del-gobierno-mexican
• Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
• Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
• Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--es/index.htm
•  Informe sobre Empresas y estándares Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EmpresasDDHH.pdf
• Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro, http://library.fes.de/pdf-files/iez/18832.pdf
• Caja de Herramientas del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas https://www.rite.gob.ar/herramientas
• Informe del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos sobre la relación entre la cuestión de las empresas y los derechos humanos y las actividades de lucha contra la corrupción
• Debida diligencia en derechos humanos y procesos de compliance
• Videos de sesiones anteriores relacionadas con la temática (realizadas en el V y VI Foro regional, revisar sesiones del V y VI Foros aquí)
• Captura del estado, corrupción y derechos humanos

Sesión organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Breve descripción de la sesión de la sesión
En el mundo actual, los marcos legales no han seguido en la mayoría de los casos el ritmo de la globalización de las operaciones empresariales. Las complejidades en torno a los litigios transnacionales, débiles estados de derecho en ciertos contextos y las dificultades para acceder a la justicia, significan que muchas de las comunidades en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, están expuestas adversamente a los daños causados por las operaciones empresariales internacionales. La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha demostrado ser particularmente susceptible a estas prácticas.
Según el comentario del capítulo sobre derechos humanos de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Directrices de la OCDE), las empresas deben “respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicas que requieren una atención especial, cuando puedan tener efectos adversos sobre los derechos humanos en relación con ellos”. En este sentido, los instrumentos de las Naciones Unidas (ONU) han profundizado en los derechos de los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas.
En los últimos años, los casos relacionados con empresas multinacionales y los derechos de los pueblos indígenas han ido en aumento, incluso en la región de ALC. Los mecanismos no judiciales como los Puntos Nacionales de Contacto para la CER (PNC) y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) desempeñan un papel importante en el tratamiento de estos casos y en el acceso a la reparación. Los PNC de los 50 países adherentes a las Directrices ofrecen un mecanismo único de presentación de quejas conforme a las Líneas Directrices para empresas multinacionales de la OCDE, el estándar global para la conducta empresarial responsable. Esto cubre una amplia gama de temas y garantiza que se aborden los daños relacionados con las empresas, ya sea en el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos laborales o la corrupción.
Los PNC son agencias gubernamentales creadas para promover la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Muchos PNC incluyen representantes de sindicatos, OSC, empresas y académicos en diversas capacidades. El papel de los PNC es promover las Directrices para empresas multinacionales y actuar como mecanismos no judiciales de reclamación en relación con eventuales incumplimientos de las Directrices por parte de las empresas. El alcance del sistema de PNC es global y amplio.

Objetivos clave de la sesión
Presentar a la región de ALC la Guía de la OCDE para Puntos Nacionales de Contacto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a través de un diálogo entre representantes de los pueblos indígenas y mecanismos de quejas no judiciales en torno a algunos de los desafíos clave que enfrentan o es posible que enfrenten los PNC y otros mecanismos no judiciales como las INDH en su manejo de casos que involucran los derechos de los pueblos indígenas.

Puntos para la discusión

• Explorar la intersección entre los estándares internacionales de derechos humanos para los Pueblos Indígenas y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en la práctica, con base en ejemplos de casos de los PNC.
• Discutir las mejores formas de incorporar los modos específicos de representación de los derechos e intereses de los pueblos indígenas al presentar y considerar casos ante los PNC y otros mecanismos de reclamación no judiciales.
• Discutir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para responder a los desafíos particulares que enfrentan los Pueblos Indígenas en ALC, en casos que conciernen a las empresas multinacionales y los derechos de los pueblos indígenas, en particular la accesibilidad (idioma, tecnología y otras barreras de acceso) y el equilibrio de poder.

Lecturas y otros recursos relevantes

• Guía de la OCDE para PNC sobre los derechos de los pueblos indígenas al manejar instancias específicas, 2022 (disponible aquí)
• Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (disponible aquí).
• Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, 2011
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007
• Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No. 169 (OIT 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales
• Guía de debida diligencia de la OCDE para la CER (disponible aquí)

Sesión organizada por el Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos y ACNUDH.

Breve descripción
Esta sesión organizada conjuntamente por el Grupo de trabajo, la CIDH y ACNUDH contara con representantes de instituciones nacionales, regionales e internacionales, así como con usuarios de éstos mecanismo para explorar cómo los mecanismos de protección internacional, regional y nacional de derechos humanos fortalecen la rendición de cuentas, y como pueden ser utilizados de manera complementaria.

Objetivos de la sesión:

• Proporcionar un espacio para discutir las diferentes vías de rendición de cuentas existentes a nivel nacional, regional e internacional y como éstos pueden emplearse de modo complementario.
• Informar acerca de varios procesos a nivel internacional, regional y nacional, incluyendo lecciones aprendidas y buenas prácticas identificadas.
• Analizar los retos y oportunidades que se han encontrado con relación a garantizar la rendición de cuentas a través de las instancias específicas disponibles para las víctimas en casos de abusos de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial

Preguntas orientadoras:

• ¿Cuáles son los diferentes mecanismos de reclamación existentes y cómo pueden ser empleados por las victimas de abusos de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial? ¿Cuáles son los retos que identificarían?
• ¿Cuáles son las perspectivas de las víctimas para acceder a mecanismos de protección de sus derechos?
• ¿Qué buenas prácticas y lecciones aprendidas se pueden destacar en América Latina?

Antecedentes de la sesión:
El análisis realizado en 2021 por el Grupo de trabajo sobre los 10 primeros años de los Principios Rectores dejaron claro que si bien los términos transparencia y rendición de cuentas resuenan más que antes, el monitoreo y la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial sigue siendo una asignatura pendiente.
Acorde a los Principios Rectores, los mecanismos de reclamaciones incluyen cualquier proceso habitual, estatal o no estatal, judicial o extrajudicial, que permita plantear reclamaciones y reparar violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales. Muchos -si no la mayoría- de los obstáculos para acceder a los mecanismos judiciales y no judiciales identificados en los Principios Rectores siguen existiendo en gran medida.
Los mecanismos administrativos y legislativos, al igual que otros mecanismos extrajudiciales, desempeñan un papel esencial para complementar y completar los mecanismos judiciales. Ni siquiera los sistemas judiciales eficaces y dotados de suficientes recursos pueden asumir la carga de tratar todas las denuncias de violaciones de derechos. Asimismo, no siempre es necesario recurrir a una reparación judicial, y esta tampoco es siempre la mejor solución para todos los titulares de derechos. El grupo de trabajo en este sentido destacó en su informe a la Asamblea General de 2017 (A/72/162) así como en visitas a los países de América Latina que el punto de partida debería ser ofrecer reparaciones efectivas a las víctimas de los abusos contra los derechos humanos relacionados con las empresas, lo que a su vez debería inevitablemente dar lugar a la rendición de cuentas empresarial.
 
Lecturas de interés/ antecedentes útiles

• Hoja de ruta regional para la próxima década de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
• Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: balance del primer decenio
• Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas

Sesión organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile

Esta sesión contará con interpretación en inglés, español y portugués

Breve descripción de la sesión 
Las empresas de propiedad estatal (EPEs) constituyen un actor económico fundamental en los mercados locales e internacionales. En algunos países de América Latina y el Caribe (ALC), el aporte de las empresas estatales al PBI asciende a más del 25% del total. Varias empresas estatales de la región provenientes de sectores como el bancario, petróleo y minería se encuentran mencionadas en el último ranking global de Forbes GLOBAL 2000. Incluso algunas de las EPEs más grandes del mundo pertenecen a esta región, como por ejemplo Pemex de México, Petrobras de Brasil y Ecopetrol de Colombia. Si bien las empresas estatales aportan significativamente a la economía de los países de la región, sus actividades pueden tener efectos adversos en los derechos humanos respecto de las personas trabajadoras de la empresa, así como de los grupos y comunidades y la sociedad en su conjunto, tanto en su país de origen como a lo largo de sus cadenas de suministro.

Para garantizar la coherencia política del Estado en su rol de garante de los derechos humanos y de actor económico, el Principio 4 de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas establece que los Estados deben adoptar “medidas adicionales” de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control. En igual sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una obligación de los Estados en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptar medidas adicionales de protección en relación con las actividades de las empresas en las que tiene propiedad. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado una falta general de atención, en la práctica, a las implicancias de este Principio respecto de las empresas estatales, junto con la ausencia de grandes avances en la incorporación de los Principios Rectores por las empresas públicas en la primera década de implementación de los Principios. En este contexto y para conocer más en profundidad el grado de desarrollo en la región, el Grupo de Trabajo ha avanzado en un estudio sobre las regulaciones, políticas y prácticas respecto de empresas estatales en 9 países de ALC titulado “Liderando con el ejemplo en Latinoamérica: Estado, empresas de propiedad estatal y derechos humanos”.

En base a estos antecedentes, el objetivo de la sesión será reflexionar, a través de un espacio multiactor, sobre las oportunidades, brechas y retos que enfrentan los países y las empresas públicas de la región para integrar el enfoque de derechos humanos en su gestión y avanzar hacia modelos más alineados con los Principios Rectores.

Preguntas orientadoras 

• ¿Cuáles son las principales brechas y oportunidades que presentan las regulaciones y políticas públicas de la región para la integración del enfoque de derechos humanos en la gestión de empresas estatales?
• ¿Cómo podría potenciarse el rol de las unidades de gestión de la propiedad de las empresas estatales, según los distintos modelos de gestión, para impulsar la integración de los derechos humanos en las empresas estatales? ¿Cómo podrían las políticas de propiedad de las empresas estatales constituir una oportunidad clara para potenciar el respeto a los derechos humanos por parte de las mismas?
• ¿Cómo están implementando las empresas estatales la debida diligencia basada en derechos humanos y qué desafíos enfrentan para alinear estos procesos a los Principios Rectores?
• ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los Estados para liderar con el ejemplo respecto de sus propias empresas? ¿Qué recomendaciones para la acción podrían encaminar los esfuerzos de los Estados para liderar desde el ejemplo?
• ¿Cómo se podría avanzar hacia una rendición de cuentas por las empresas estatales que incorpore la divulgación de información sobre los impactos de la actividad empresarial en los derechos humanos y las medidas adoptadas?
• ¿Cómo integrar incentivos regulatorios y de gobernanza para lograr el respeto efectivo a los derechos humanos por parte de las empresas de propiedad del Estado?

Lecturas y otros recursos relevantes

• Sesión del VI Foro Regional Empresas y DDHH sobre Empresas estatales: ¿Cómo hacer de ellas un ejemplo?
• Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos A/HRC/32/45  "Liderando con el ejemplo - el estado, las empresas de titularidad pública y los derechos humanos"
• Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas
• ACNUDH / Contraloría General de la República de Chile / Schönsteiner, J. (2018), Luchar contra la corrupción con enfoque de derechos humanos. Herramientas y Buenas Prácticas para directores y directoras de empresas estatales.

Sesión organizada por ACNUDH y el Grupo de Trabajo de ONU sobre Empresas y Derechos Humanos

La sesión será celebrada en inglés y español, con interpretación al español, inglés y portugués.

Breve descripción
Tal como destacó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (el Grupo de trabajo) en su informe al Consejo de derechos humanos “Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos: orientación para garantizar el respeto a los defensores de los derechos humanos” (A/HRC/47/39/Add.2), el conflicto suele desarrollarse por la falta de un compromiso inicial constructivo y por no adoptar un enfoque preventivo para gestionar los riesgos en materia de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo ha manifestado que, tanto las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas, como las empresas, han señalado la necesidad urgente de un marco institucional y normativo claro sobre la participación como elemento clave para abordar sus causas y superación.
La conflictividad social conlleva también consecuencias negativas para empresas e inversionistas, como los costos derivados de la paralización de las operaciones, el daño a la reputación de las empresas y la retirada de inversionistas. Los Estados y el sector privado tienen un rol clave en la prevención de la conflictividad social, y la rendición de cuentas constituye un elemento esencial para dicho objetivo.
El Grupo de trabajo ha señalado que es vital que los Estados busquen la rendición de cuentas de las empresas y los actores económicos individuales por los abusos graves cometidos en contextos de conflictividad, incluyendo, junto a la reparación civil, el enjuiciamiento penal de los actores económicos que han cometido o ayudado e instigado violaciones manifiestas de los derechos humanos, y promoviendo herramientas tales como los mecanismos de reclamación o queja, de alertas tempranas y de riesgos.
El panel está dirigido a actores de la esfera de la consolidación de la paz, del diálogo social y la prevención de conflictos, a los gobiernos, las empresas, inversionistas, la sociedad civil y las instituciones internacionales.

Objetivos de la sesión

• Promover la divulgación activa de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, y las herramientas prácticas impulsadas por las instituciones invitadas.
• Reflexionar sobre prácticas de empresariales y su impacto en la reducción - exacerbación de conflictos y la aceleración de la implementación de los Principios Rectores.
• Reflexionar sobre la prevención de los abusos de los derechos humanos de las comunidades afectadas relacionados con la actividad empresarial
• Reflexionar acerca de maneras de alcanzar compromisos iniciales constructivos y enfoques preventivos para gestionar los riesgos en materia de derechos humanos
• Reflexionar sobre el aporte al desarrollo de los sectores empresariales, el efecto en las conflictividades sociales y las acciones de prevención de estas conflictividades.

Preguntas orientadoras

• ¿Cuáles son o deberían ser las políticas, la reglamentación y la adjudicación apropiadas de los Estados para proteger contra los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial en situaciones de conflicto y post-conflicto?
• ¿Cuáles son los pasos necesarios para alcanzar compromisos iniciales constructivos que logren prevenir conflicto entre las diferentes partes interesadas?
• ¿Qué medidas deberían tomar las empresas para adoptar un enfoque preventivo para gestionar los riesgos en materia de derechos humanos?
• ¿Qué aspecto tiene en la práctica una diligencia debida "reforzada" en materia de derechos humanos?
• ¿En qué se diferencia o debería diferir el proceso para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los efectos reales y potenciales en situaciones de conflicto y post-conflicto de los contextos "no conflictivos"?
• ¿Qué herramientas prácticas pueden ser útiles para prevenir, mitigar y rendir cuentas en situaciones de conflicto y post-conflicto?

Antecedentes a la discusión
Como parte de su mandato de promover los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (Principios Rectores), en el año 2018 el Grupo de trabajo puso en marcha el Proyecto sobre la actividad empresarial en contextos de conflicto y post-conflicto, para aclarar las medidas prácticas que los Estados y las empresas deberían adoptar en dichos escenarios. Su informe “Empresas, derechos humanos y regiones afectadas por conflictos: hacia el aumento de las medidas” (A/75/212) presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2020, fue un aporte clave para el Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos de ese año. El informe contiene recomendaciones de medidas reforzadas para los Estados y las empresas. Los Principios Rectores precisan que, dado que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en zonas afectadas por conflictos, la acción de los Estados y la diligencia debida por parte de las empresas debe intensificarse: “cuanto mayor es el riesgo, más complejos son los procesos”.
En 2021, el grupo de trabajo presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el informe “Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Orientaciones para garantizar el respeto de las personas defensoras de los derechos humanos" donde pone de relieve la urgente necesidad de abordar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en las personas defensoras de los derechos humanos. Desentraña, para los Estados y las empresas, las implicaciones normativas y prácticas de los Principios Rectores en relación con la protección y el respeto de la labor vital de las personas defensoras de los derechos humanos.
Adicionalmente, en sus diferentes visitas de países en la región ( Brasil, Honduras, México y Perú) el Grupo de trabajo ha puesto énfasis sobre la situación alarmante de conflictividad social relacionada a las actividades empresariales, en su mayoría megaproyectos.

Lecturas de interés/ antecedentes útiles

• La debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos – prácticas emergentes, desafíos y perspectivas futuras (A/73/163)
• Empresas, derechos humanos y regiones afectadas por conflictos: hacia el aumento de las medidas (A/75/212)
• Orientaciones para garantizar el respeto de los defensores de los derechos humanos (A/HRC/47/39/Add.2)
• Papel de las INDH en la facilitación del acceso a la reparación de los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas (A/HRC/47/39/Add.3)
• Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la reparación de las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas mediante mecanismos de reclamación no estatales (A/HRC/44/43 ; A/HRC/44/43/Add.4)
• Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la reparación para las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas a través de mecanismos no judiciales basados en el Estado (A/HRC/38/20)
• Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la reparación para las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas: La importancia de la diligencia debida en materia de derechos humanos para determinar la responsabilidad de las emp

Organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos

Esta sesión contará con interpretación en español, inglés y portugués.

Breve descripción de la sesión 
Luego de 45 sesiones de trabajo, incluyendo encuentros preparatorios, sesiones multiactor y plenarias, la clausura es el espacio para compartir los principales avances y desafíos que presenta la agenda de empresas y derechos humanos en la región en voz de los y las representantes de diferentes sectores. También constituye una oportunidad para sentar las bases de aquellas líneas de acción que son necesarias y urgentes para consolidar y robustecer la protección y el respeto de los derechos humanos en la región en contextos empresariales.
En un momento marcado por el avance de normativas sobre debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos, el Foro Regional propone espacios de discusión multiactor sobre las implicancias que este escenario presenta para la región, su relación con otras políticas y las iniciativas asociadas que surgen en América Latina, además de múltiples espacios de profundización de la agenda desde diferentes aristas. El acceso a la reparación como eje central de la rendición de cuentas también se presenta como un tema clave en los debates del Foro desde la mirada de los operadores de justicia, las comunidades afectadas, las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil que abogan para restablecer los derechos vulnerados mediante el uso de los mecanismos de acceso a justicia. Las sesiones realzan el enfoque diferencial e interseccional que debe estar presente en la discusión sobre rendición de cuenta dando voz a grupos especialmente impactos por la actividad empresarial. La comunicación del impacto de la actividad empresarial a los derechos humanos y el reporte de medidas para su prevención y mitigación también da paso a discusiones sobre los avances y desafíos en la rendición de cuentas y el acceso a la información por las comunidades afectadas y la sociedad en su conjunto.
En su séptima versión, el Foro Regional permite expandir y profundizar la discusión en una de las regiones más activas en materia de empresas y derechos humanos, analizando los avances alcanzados y las brechas pendientes desde una perspectiva general pero también sectorial.
La sesión plenaria de cierre es un espacio de reflexión sobre las discusiones sostenidas y una invitación a continuar trabajando desde diferentes frentes el avance de la agenda de empresas y derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe.

Preguntas orientadoras 

• ¿Cuáles constituyen las principales brechas y oportunidades presentes en la región para consolidar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos?
• ¿Cuáles son las principales acciones que deberían emprender las empresas para fortalecer su rendición de cuentas frente al impacto de sus actividades en los derechos humanos?
• ¿Cómo podrían las OSCs profundizar y ampliar su rol en el impulso y compromiso de la rendición de cuentas en la región?
• ¿Cuáles son las principales acciones que deberían llevar adelante los Estados para mejorar su rendición de cuentas frente a los abusos a derechos humanos de empresas privadas y de sus propias empresas?