Sesión preparatoria cerrada dirigida a magistrados y magistradas de Cortes y Tribunales Superiores de la región y organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura de Colombia y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.Breve descripción de la sesiónEste encuentro tiene como objetivo principal fomentar el diálogo judicial y el intercambio para explorar las vías que se han utilizado para proveer de acceso a reparación a las víctimas y hacer responsables a empresas que generan impactos en los derechos humanos de personas y comunidades. También se espera informar sobre avances, sentencias e interpretaciones clave que se han desarrollado, construyendo una jurisprudencia en materia de empresas y derechos humanos en la región. Por último, también se busca generar un espacio para contrastar los desafíos que enfrentan los y las magistradas en los países de la región en aquellos casos que involucran a empresas. Se espera que la discusión, avances, desafíos y reflexiones se de a la luz de las conclusiones y recomendaciones generadas a lo largo del Proyecto ARP.
Además de contribuir al diálogo judicial, esta sesión preparatoria dará inicio a un proyecto liderado por la Oficina del Alto Comisionado, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer que tiene como objeto profundizar la consideración de la debida diligencia en derechos humanos en el trabajo que desempeñan las judicaturas de América Latina contempladas en el proyecto. En ese sentido, tomando como base el informe que analiza
la relevancia de la debida diligencia en materia de derechos humanos para la determinación de la responsabilidad empresarial se busca que se visibilice más ampliamente la analogía entre la debida diligencia en derechos humanos como un estándar jurídico de conducta, con el deber de prevención existente en los marcos jurídicos internos. El proyecto contempla talleres de discusión en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Panamá.
Antecedentes El derecho internacional de los derechos humanos reconoce, tanto explícita como implícitamente, el deber de los Estados de garantizar el acceso a un recurso efectivo, incluso por vía judicial. En ese sentido, el artículo 2.3 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo establece como una de las obligaciones generales de los Estados, elemento que ha sido interpretado por el
Comité de Derechos Humanos en su Observación General 31 como una exigencia para los Estados parte de asegurar la vigencia de los derechos humanos incluso a nivel horizontal, es decir, entre particulares. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reiterado el llamado al establecimiento de recursos efectivos en su
Observación General Nº 3, sobre la base de la interdependencia e interrelación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Partiendo de las bases convencionales e interpretativas anteriores, el acceso a reparación constituye el tercer pilar de los
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y plantea la obligación y responsabilidad, tanto de Estados como de empresas, respectivamente, de establecer y participar en procesos judiciales que permitan el acceso a la reparación para las personas afectadas negativamente por la actividad empresarial.
La celebración de los 10 años de los Principios Rectores fue una ocasión para celebrar los avances alcanzados y reflexionar sobre los desafíos pendientes. Uno de ellos, identificado por el
Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Acceso a Reparación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas(o ARP, por sus siglas en inglés), son los obstáculos sistémicos para el acceso a la reparación en vía jurisdiccional. Desde el año 2014 el Proyecto ARP ha analizado los tres tipos de mecanismos de reclamación mencionados en los Principios Rectores: (1) los mecanismos judiciales, (2) los mecanismos estatales de carácter no judicial y (2) los mecanismos no estatales. Cada una de estas fases ha generado una serie de estudios que han identificado los principales retos existentes y que recogen guías prácticas para mejorar la efectividad de los distintos tipos de mecanismos en casos relativos a los impactos negativos de las empresas.
Los marcos jurídicos de los países de América Latina contemplan diferentes vías para que las víctimas puedan buscar reparación y perseguir la responsabilidad de las empresas por impactos generados en los derechos humanos. Los mecanismos de protección constitucional juegan un rol relevante en este ámbito y son frecuentemente utilizados por personas y comunidades que se enfrentan a daños generados por empresas. También se utilizan mecanismos del área civil, contractual y extracontractual, penal y administrativa.
Con base en estos mecanismos contemplados en los sistemas jurídicos de la región, se ha generado un desarrollo jurisprudencial en materia de empresas y derechos humanos, tanto en casos en que se ha buscado la responsabilidad del Estado por daños generados por empresas, así como casos en que se ha perseguido directamente la responsabilidad de las personas jurídicas. Los Principios Rectores constituyen una herramienta de interpretación,
que ha generado un impacto en las decisiones judiciales avanzando la exigencia de estándares de conducta plasmados en los PRNU, en especial la debida diligencia en materia de derechos humanos.
